Presidente títere: ¿Quién gobierna realmente?

 

A pesar del enorme poder que Álvaro Uribe logró acumular, al punto de conseguir, a partir de la "Yidispolítica", la aprobación de su segunda reelección, la Corte Constitucional le frenó la tercera. "Aun así, contra todo augurio, la Corte Constitucional en histórico fallo del 26 de febrero de 2010 se pronunció en contra del referendo de la 're-reelección' presidencial y se frustró la pretensión del uribismo de llevar a un tercer periodo constitucional a Álvaro Uribe Vélez". Esa puerta quedó cerrada para los futuros presidentes durante la presidencia de Juan Manuel Santos, cuando se eliminó la reelección presidencial.

Esta píldora de nuestra historia reciente, y la ratificación en tercera instancia por la Corte Suprema de Justicia de la condena a 28 años a  Santiago Uribe por paramilitarismo,  me lleva a concluir que, a pesar de lo imperfecto del Estado colombiano, a veces funciona y nos demuestra lo bien que puede hacerlo. Pero también me recuerda lo dura y triste que puede ser nuestra realidad, por actos que se ejecutan desde las más altas esferas del poder.

Hoy, a puertas de una elección presidencial, se ha visto un apoyo masivo de ciertos sectores empresariales e incluso políticos, aun cuando los candidatos han expresado que no negociarán sus propuestas. Un ejemplo de lo anterior es el respaldo que sectores cuestionados le han expresado al candidato Abelardo de la Espriella. Analizando la situación, lo que realmente buscan es un presidente con el cual puedan seguir imponiendo sus intereses.

Y las propuestas de su programa de gobierno, "Colombia, Patria Milagro", no son menores. Entre las más problemáticas están: la eliminación de la JEP, a la que califica de tribunal "con sesgo ideológico"; la revisión de la membresía de Colombia en la ONU, la OEA y la CIDH, es decir, un posible retiro del sistema internacional de derechos humanos; la construcción de siete megacárceles bajo el "modelo Bukele", donde los presos trabajarían para su propio sostenimiento; la fumigación aérea de 330.000 hectáreas de cultivos ilícitos; el apoyo al fracking; una reducción del 40% del aparato estatal con eliminación de ministerios; la declaratoria de una emergencia económica desde el inicio del gobierno para "tomar decisiones rápidas y eliminar trabas", es decir, gobernar por decreto; y darle "prioridad absoluta a la Fuerza Pública sobre los narcoterroristas en el DIH", lo que en la práctica significa debilitar las protecciones del Derecho Internacional Humanitario. Todo esto bajo una doctrina que él mismo llama "Pax Romana": la paz que "se impone con autoridad, no con concesiones".

Entonces, a pesar de lo que pueden asustar estas propuestas, el respaldo de sectores que eventualmente podrían verse afectados por ellas responde a una lógica electoral: creen que son promesas que él no va a poder cumplir, o que en el ejercicio de su poder las cortes, el Senado y el sector empresarial podrán frenar sus deseos de refundar el Estado colombiano.

Este proceso electoral, donde se han puesto de manifiestos la defensa de intereses muy sectoriales y puntales, nos muestra como la figura presidencial es vista más como algo representativo, con un poder relativo, mientras que el funcionamiento del país depende de una confluencia de poderes que pueden amenazar el ejercicio del poder presidencial si este afecta los intereses de otros sistemas. Un ejemplo claro es el poco avance que han tenido muchas propuestas del actual gobierno de Petro, como las reformas a la salud y a la pensión, entre otras.