La declaración de Fe como principio de Guerra

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Para quien la pronuncia, "Declaro que Jesucristo es mi Señor y Salvador" es un acto de entrega total: el reconocimiento de una gracia inmerecida, la puerta a la vida eterna, el momento en que una persona decide que ya no pertenece a sí misma sino a algo más grande. En la teología cristiana, esa declaración no es un mérito sino un regalo —la salvación que no se gana sino que se recibe. Tiene peso, tiene historia, tiene una dignidad que merece ser comprendida antes de ser criticada.

El problema empieza cuando ese acto íntimo de fe se convierte en criterio de ciudadanía: una contraseña que separa a quienes merecen vivir en paz dentro de la comunidad de quienes representan un peligro para ella. Cuando la salvación del alma se transforma en salvoconducto político, la religión deja de ser práctica espiritual y se convierte en ideología de exclusión. Este artículo analiza cómo esa lógica opera como principio de guerra encubierto bajo lenguaje de amor.

II. Fe y enemistad absoluta

Carl Schmitt definió la esencia de lo político como la distinción entre amigo y enemigo: no una enemistad personal, sino existencial —el otro cuya sola presencia amenaza la identidad del grupo. Lo que hace singular la declaración de fe como criterio político es que eleva esa distinción a una legitimación que ninguna ideología secular puede igualar: la autoridad de Dios. Quien no declara a Cristo no es simplemente diferente; es agente del mal, obstáculo del plan divino. El enemigo adquiere dimensión cósmica.

De ahí se sigue todo: negociar con el mal no es virtud, es traición; tolerar el error no es pluralismo, es debilidad espiritual. Hannah Arendt lo vio con claridad en los totalitarismos del siglo XX: las mayores atrocidades no las cometen monstruos, sino personas convencidas de actuar en nombre de una verdad absoluta. La banalidad del mal no requiere odio; requiere certeza.

III. El pacto roto

Locke, Rousseau y Hobbes llegaron por rutas distintas a la misma conclusión fundacional: la legitimidad política no viene de Dios sino del acuerdo entre personas que deciden convivir bajo reglas comunes, independientemente de sus creencias. La religión puede coexistir con la república, pero no puede gobernarla. Sin ese pacto, advertía Hobbes, la vida es "solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve."

El fundamentalismo político-religioso niega ese acuerdo en su raíz. No discrepa con el Estado liberal en algunos puntos; lo rechaza porque no acepta que el ateo, el agnóstico o el creyente de otra fe merezcan los mismos derechos. La declaración de fe como criterio de pertenencia es el retorno al estado precontractual —con la agravante de que uno de los bandos opera con convicción divina.

IV. La historia como espejo: cuándo la fe declarada fue principio de guerra

No es necesario recurrir a la imaginación especulativa. La historia ofrece ejemplos suficientes de lo que ocurre cuando la pertenencia religiosa se convierte en criterio de ciudadanía o de humanidad:

Las Guerras de Religión en Europa (siglos XVI-XVII) surgieron directamente de la incapacidad de las sociedades para separar la identidad política de la confesión religiosa. La Paz de Westfalia (1648), que les puso fin, fue posiblemente el primer gran acuerdo de convivencia entre diferentes en la historia moderna: el principio cuius regio, eius religio fue reemplazado progresivamente por la idea de que la paz requería tolerancia.

La Inquisición española operó como un aparato estatal de verificación de la fe declarada. La limpieza de sangre —demostrar que uno no tenía ascendencia judía o mora— fue el equivalente medieval de la declaración de fe como prueba de pertenencia nacional. Sus efectos sobre la diversidad intelectual y social de España fueron devastadores y duraderos.

En el siglo XX, la alianza entre sectores del protestantismo sureño estadounidense y la segregación racial ofreció otro ejemplo: la fe cristiana fue instrumentalizada para santificar un orden social de exclusión, y quienes lo desafiaban eran tachados no solo de subversivos políticos sino de agentes del comunismo ateo.

Más recientemente, la retórica del nacionalismo cristiano en varios países ha reproducido la misma estructura: la nación es cristiana por definición, quienes no comparten esa identidad son un cuerpo extraño, y los males sociales —crimen, corrupción, pérdida de valores— se atribuyen a la presencia o influencia de quienes no han declarado la fe correcta.

El patrón es consistente: la declaración de fe como criterio de pertenencia no produce comunidades más santas; produce comunidades más violentas.

V. La paradoja ética: amor que excluye, gracia que condena

Hay una contradicción interna que el fundamentalismo político-religioso nunca resuelve satisfactoriamente: el núcleo ético del cristianismo, tal como lo articula el propio Jesús en los evangelios, está construido sobre el amor al prójimo sin distinción, sobre la acogida del extranjero, sobre la misericordia hacia el pecador. "Amad a vuestros enemigos" es quizás la instrucción más radicalmente anticosmovisión bélica que existe en la historia de la ética.

Cuando la declaración de fe se convierte en principio de guerra, hay que hacer contorsiones interpretativas considerables para justificar que el mismo mensaje que ordena amar al enemigo autoriza excluirlo de la comunidad política, negarle derechos o tolerar violencia contra él. Esas contorsiones existen —la teología del dominio, la teología de la prosperidad aplicada a las naciones, ciertas lecturas del Apocalipsis como manual político— pero su artificio es evidente.

Lo que producen no es una ética más elevada sino una ética de doble estándar: la compasión se reserva para los creyentes declarados; para los demás, hay una narrativa que los convierte en obstáculos del reino, y los obstáculos, en el lenguaje de la guerra, se eliminan.

Este doble estándar es precisamente lo que el pacto social —en sus versiones liberal, republicana o simplemente humanista— fue diseñado para desactivar. Las reglas de convivencia entre diferentes solo funcionan si se aplican a todos por igual, independientemente de a qué Dios rezan o si no rezan a ninguno. En el momento en que la protección de la ley depende de la fe declarada, dejamos de tener un pacto social y tenemos una teocracia de facto, aunque no se llame así.

VI. El problema no es creer; es gobernar con la creencia ajena

Vale la pena ser precisos en lo que se critica, porque la imprecisión es también una forma de injusticia intelectual.

Creer que Jesucristo es el camino a la salvación y declararlo públicamente es un derecho fundamental. Organizar una comunidad de fe alrededor de esa creencia es legítimo. Vivir según esos principios en la vida personal y familiar es parte de la libertad que el mismo pacto social garantiza.

Lo que no tiene cabida en una sociedad que pretenda ser justa y plural es la extensión de esa lógica al espacio político compartido: la idea de que quien no declara esa fe es ciudadano de segunda, peligro para la comunidad, o está fuera del alcance de la solidaridad colectiva. Eso no es religión; es exclusión disfrazada de virtud.

Y la justificación de atrocidades contra quienes no declaran la fe —ya sea que esas atrocidades tomen la forma de violencia directa, discriminación institucional, o simplemente la negación de humanidad plena a quien piensa diferente— no es un exceso periférico del fundamentalismo. Es su lógica interna llevada a su conclusión.

VII. Conclusión: el pacto que nos separa de la guerra

El contrato social es, en el fondo, un acuerdo de mutua renuncia: yo renuncio a imponerte mi verdad absoluta; tú renuncias a imponerme la tuya. A cambio, los dos tenemos un espacio común donde convivir, disentir y negociar. Ese acuerdo no requiere que nadie abandone sus convicciones más profundas. Requiere solo que esas convicciones no se conviertan en el criterio que decide quién merece vivir en paz.

Cuando la declaración de fe se convierte en principio de guerra —cuando transforma la diferencia religiosa en una frontera entre los protegidos y los excluidos, entre los que merecen misericordia y los que merecen consecuencias— lo que se rompe no es solo el contrato social. Se rompe también algo dentro de la tradición que dice defender. Porque ninguna fe que termine en exclusión y violencia puede reclamar genuinamente como herencia el mensaje de quien dijo que los mansos heredarán la tierra.

El reto de nuestro tiempo no es elegir entre fe y razón, entre religión y pluralismo. Es reconocer que la fe, como la razón, tiene que rendir cuentas ante la pregunta más sencilla y más exigente: ¿qué le hace al otro?


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